Experta en estudios políticos dictó conferencia sobre acceso a recursos genéticos en la Javeriana Cali

En el marco de la Pre COP 16 los departamentos de Humanidades y Ciencia Jurídica y Política organizaron un conversatorio en el que la doctora en Estudios Políticos y profesora de la Universidad Externado de Colombia, Martha Isabel Gómez, compartió detalles del marco normativo nacional e internacional sobre el acceso a recursos genéticos.

La doctora Gómez ha ganado varias becas de los Gobiernos de Suecia e Italia para estudios complementarios en recursos genéticos y derechos de propiedad intelectual en Suecia, además de una beca en derecho público comparado en el Instituto de Estudios Europeos de Torino, Italia. Asimismo, ha sido becaria del Servicio Alemán de intercambio Académico para una estancia doctoral en la Universidad Libre de Berlín, Alemania, con mención Suma Cum Laude, y del Instituto Iberoamericano de Berlín para estancia Posdoctoral en una investigación sobre coproducción de políticas de biodiversidad y conocimiento de los pueblos indígenas. 

Durante el encuentro con estudiantes y profesores Ivonne Díaz, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales manifestó que actividades como estas evidencian la misión de la universidad al servicio de la sociedad, “una academia con sentido, contextualizada y protectora de la soberanía en el manejo de los recursos naturales que logra la creación y el desarrollo del conocimiento y de una cultura con perspectiva crítica innovadora; que conoce las realidades situadas para el logro de una sociedad justa sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad humana y del cuidado de los recursos naturales”.

La conferencia buscaba propiciar una discusión crítica sobre la forma en la que el derecho da tratamiento al acceso a recursos genéticos del país, asunto de relevancia que involucra la soberanía en el manejo de los recursos naturales de la nación y el respeto por el conocimiento tradicional asociado a la fauna y a la flora de comunidades étnicas que se encuentran en posición de fragilidad por la biopiratería. Asimismo, se abordaron loa avances legales en otros países que flexibilizaron sus criterios para permitir patentes de recursos vivos.

“Encuentros como este nos permiten analizar en conjunto los desafíos sobre el tratamiento al acceso a recursos genéticos del país. Creemos que el país y la universidad necesitan muchos más espacios como este y nuestro compromiso como Universidad y como facultad será siempre seguirlos, propiciándolos para contribuir a pensarnos y a construir ese país que soñamos”, insistió la decana. 

En su conferencia la doctora Gómez explicó los alcances del Convenio sobre Diversidad Biológica (ratificado en Colombia por la Ley 165 de 1994) que dará lugar a la COP 16, un convenio que se adoptó durante la Cumbre de la Tierra de 1992 y por el que los recursos genéticos dejaron de considerarse de libre acceso. "Los recursos genéticos, considerados patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ,FAO, circulaban libremente entre los científicos. Sin embargo, en los años 80 se empezaron a conceder patentes sobre seres vivos, otorgando un monopolio de 20 años sobre esos recursos genéticos. En respuesta, los países del Sur se organizaron en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y lograron un convenio universal que establece la soberanía de los recursos genéticos. Así, si el Norte desea acceder a estos recursos, debe obtener el consentimiento previo del país de origen y distribuir equitativamente los beneficios obtenidos”, explicó la académica.

Asimismo, señaló que en materia de recursos genéticos el Convenio sobre Diversidad Biológica es importante porque regula la distribución equitativa de registros derivados en una condición de perjuicio. En ese sentido, la Decisión 391 de 1996 ordena que para acceder a recursos genéticos el país de origen debe dar su consentimiento fundamentado a través de un contrato con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Nacional. 

"La Decisión 391 de 1996 involucró a varios actores, entre ellos una coalición que abogaba por el uso sostenible de los recursos genéticos. Otros actores, sin embargo, consideraban prioritario proteger de manera sui generis los conocimientos tradicionales, ya que las comunidades indígenas y locales, que poseen este conocimiento, a menudo orientan a las empresas sobre el uso de plantas medicinales, ahorrándoles grandes cantidades de dinero en investigación”, señaló.

De acuerdo con el relato de Gómez, quienes defendían la protección sui generis argumentaban que debía adoptarse una norma para proteger los conocimientos tradicionales, similar a la protección que ya existía para los científicos a través de patentes. En el ámbito agrícola, las innovaciones y prácticas no eran reconocidas como propiedad intelectual, lo que representaba una forma de neocolonialismo intelectual. Las empresas se apropiaban de los conocimientos tradicionales, transformándolos en propiedad privada mediante patentes.

“Algunos actores políticos sostenían que era crucial proteger los conocimientos tradicionales mediante un régimen sui generis, mientras que otros creían que lo importante era garantizar el uso sostenible de los recursos genéticos mediante contratos que consideraran tanto los componentes tangibles (como el ADN) como los intangibles (como el conocimiento tradicional). La Red del Tercer Mundo, representada por Vandana Shiva, enfatizaba que plantas y animales tienen un componente intangible que es inseparable del tangible, y que las comunidades indígenas han preservado esta biodiversidad durante miles de años”, explicó.

Sin embargo, la coalición que defendía la protección sui generis del conocimiento tradicional no tuvo éxito en la Decisión 391. No se adoptó un marco de protección específico y se estableció un plazo de tres meses para desarrollar dicho marco, que no se cumplió. En lugar de reconocer la indivisibilidad del componente intangible, se separaron los proveedores del recurso genético y del conocimiento tradicional. "Así, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible celebra contratos de acceso con los proveedores del recurso genético, mientras que los conocimientos tradicionales, teóricamente, se manejan mediante contratos anexos con las comunidades indígenas y locales. En la práctica, aunque existen alrededor de 300 contratos de acceso con el Ministerio, pero no hay contratos anexos con los pueblos indígenas para el conocimiento tradicional”, añadió.

Finalmente, la académica adelantó que la COP 16 será el escenario en el que se decidirá un instrumento multilateral para regular la información digital de secuencias genéticas. Sin embargo, aclaró que todo investigador que vaya a acceder a recursos  genéticos con fines académicos debe solicitar un contrato salvo si se trata de colecciones biológicas o recolección de especímenes silvestres.